Agentes estadounidenses de la DEA (Drug Enforcement Administration) llevaron a cabo una operación secreta en Europa, en los Países Bajos, sin avisar a las autoridades locales.
La operación fue parte de una investigación sobre las actividades de la empresa canadiense Sky Global, que vendía teléfonos cifrados a delincuentes.
En particular, la compañía vendió teléfonos con el mensajero Sky ECC cifrado preinstalado. Los teléfonos presentaban cifrado de extremo a extremo, mensajes autodestructivos, “protección contra piratería incorporada” que incluía la eliminación de todos los datos después de múltiples intentos fallidos de contraseña, y carecían de una cámara y navegador para minimizar el riesgo de piratería.
En 2019, Estados Unidos se comprometió a no interferir en la investigación del caso Sky Global, para no interferir con el trabajo de las autoridades investigadoras europeas. Sin embargo, los documentos del caso dicen lo contrario: agentes estadounidenses llevaron a cabo la operación sin permiso alguno, a pesar de la promesa de no hacerlo.
Los agentes de la DEA se pusieron en contacto con un vendedor de Sky en los Países Bajos y le pidieron que cambiara grandes cantidades de efectivo por bitcoins con el fin de lavarlos. Querían involucrar al sospechoso en actividades ilegales para registrar actividades ilegales y establecer un contacto más estrecho con él para una mayor investigación.
Como resultado de la operación, muchos sospechosos en los Países Bajos fueron llevados ante la justicia basándose en comunicaciones interceptadas. Ahora los abogados locales cuestionan la legalidad de la operación estadounidense en su país.
Un abogado experto en el caso Sky Global, Justus Reisinger, sostiene que cualquier acción de fuerzas extranjeras en suelo holandés debe ser autorizada por los fiscales locales o un tribunal. Sin embargo, los documentos que confirmaban dicha autorización no fueron presentados a los abogados durante los juicios contra los sospechosos. Según él, esto viola los principios básicos de transparencia.
En particular, sugiere dos escenarios posibles: o Estados Unidos actuó sin el permiso de las autoridades holandesas, lo que constituye una grave violación de la ley, o la fiscalía holandesa conocía la operación, pero ocultó este hecho a la defensa.
Se puede cuestionar la legalidad de las pruebas recogidas durante una operación.
S.I Stega Intelligence